La reforma del registro horario de 2026: qué está aprobado y qué no

Por qué encuentras titulares que dicen lo contrario

Si buscas «registro horario digital obligatorio 2026» te salen páginas que anuncian un «nuevo real decreto en el BOE». No lo hay. Está comprobado el 26 de agosto de 2026 contra el texto consolidado del Estatuto en el BOE: las notas de modificación del artículo 34 dicen que el apartado 9 se añadió por el artículo 10 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, y que la única reforma posterior de ese artículo tocó el apartado 8 —conciliación— a través del Real Decreto-ley 5/2023. El apartado del registro no se ha tocado.

Merece la pena decirlo claro porque la confusión sale cara: hay empresas comprando cosas por un plazo que no existe. Lo que sí conviene es saber qué se está cociendo, porque el borrador da pistas de por dónde va a ir, y varias de esas cosas ya son buena práctica hoy.

Los dos expedientes que se mezclan todo el rato

Casi todo el ruido viene de confundir dos cosas distintas, que caminaron juntas y acabaron separándose.

Uno · La jornada de 37,5 horas

Era un proyecto de ley que reducía la jornada máxima, reforzaba el registro y regulaba la desconexión, todo en el mismo texto. El Congreso lo rechazó el 10 de septiembre de 2025: se aprobaron las enmiendas de devolución por 178 votos contra 170 y el proyecto volvió al Gobierno. Para revivirlo habría que aprobar un texto nuevo y empezar la tramitación otra vez. Con él se cayó también la propuesta de multar por cada persona trabajadora afectada, que iba en sus disposiciones finales y que explicamos en la guía de las sanciones por no llevar el registro. Está contado con más detalle en la guía de la jornada de 37,5 horas.

Consecuencia práctica: la jornada máxima legal sigue siendo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, que es lo que dice el artículo 34.1 del Estatuto y lo que dirá mientras no salga otra cosa en el BOE.

Dos · El real decreto del registro digital

Al caerse la ley, el Gobierno sacó el registro por su cuenta, en un real decreto que no pasa por el Congreso. El Consejo de Ministros autorizó su tramitación urgente el 30 de septiembre de 2025 y el texto salió a audiencia pública en octubre. Ahí sigue.

Dónde está exactamente el expediente

Qué objetó el Consejo de Estado

El dictamen no fue un trámite menor: apreció tres motivos de nulidad. Que el real decreto invade la reserva de ley en materia de protección de datos personales, porque un reglamento no puede por sí solo montar el tratamiento de datos que el texto pretende. Que excede la potestad reglamentaria, al imponer un sistema digital obligatorio y universal que la ley no habilita. Y que invade el espacio de la negociación colectiva, desplazando acuerdos vigentes y cerrando margen a los futuros, que es justo lo contrario de lo que dice el 34.9, el cual remite la organización del registro al convenio o al acuerdo de empresa.

El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante. El Gobierno podría aprobar el texto igualmente. Pero hacerlo con un dictamen así encima de la mesa es comprar una impugnación, y eso es exactamente lo que explica el aplazamiento de julio.

Qué pedía el borrador, y esto es un borrador, no una norma

El texto que se sometió a audiencia pública en octubre de 2025 tiene nueve artículos. Lo resumimos porque orienta, no porque obligue: la versión que acabe aprobándose, si se aprueba, puede ser distinta, y de hecho se está rehaciendo después del dictamen.

El plazo de adaptación: no te fíes de ninguna cifra

Aquí es donde más se está inventando. En julio de 2026 la prensa económica contó que el Ministerio de Economía pedía un año de adaptación para las pymes y el de Trabajo manejaba seis meses, y que por ahí venía el bloqueo. Son posiciones de una negociación, no plazos oficiales. El borrador de octubre de 2025 no preveía ningún periodo transitorio: entraba en vigor a los veinte días de publicarse. Y ese texto ya está siendo rehecho, así que ni siquiera ese dato sirve.

Si una página te da un plazo concreto como si fuera firme, esa página se lo está inventando. El plazo se sabrá el día que el real decreto salga en el BOE, y no antes.

Un borrador no obliga a nadie. Lo que obliga hoy es el artículo 34.9, y lleva obligando desde el 12 de mayo de 2019.

La regla que se sigue en estas guías

Entonces, ¿qué hago hoy?

Cumplir el 34.9, que es lo que te van a mirar si viene una inspección mañana. Está contado entero en la guía de qué es y qué exige el registro de jornada, y quién está obligado exactamente, en la de si es obligatorio fichar.

Dicho eso, hay tres cosas del borrador que son buena idea aunque nunca lleguen a ser obligatorias, porque son justo las que fallan cuando llega una visita de la Inspección de Trabajo: que quede rastro de quién cambió cada hora y por qué; que el registro se pueda entregar en un formato que se abra en cualquier sitio; y que cada persona pueda ver sus propias horas sin tener que pedirlas. Ninguna de las tres te obliga hoy. Las tres te dejan tranquilo tanto si la norma sale como si no.

Cómo lo lleva Ficheo

Ficheo guarda el registro diario que pide el 34.9 y lo saca en el documento mensual, con los días del mes de cada persona y el origen de cada fichaje. Eso va incluido, sin coste y sin límite de plantilla, porque es una obligación legal y no una función de la que se pueda hacer un plan superior.

De las cosas que pide el borrador, tres ya están: el historial deja escrito quién tocó cada fichaje, cuándo y qué había antes, y no hay ningún camino para borrarlo; el registro se descarga en CSV, que se abre en cualquier programa; y hay un enlace de solo lectura para la Inspección, atado a un periodo, que caduca y se puede revocar. Está todo en la página de informes y registro legal.